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Transcurrido un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, en Bruselas y en Madrid asumen que su petición para que se exhiban las actas no se va a materializar. España, debido a sus lazos históricos con la región, está liderando la presión y la estrategia en la Unión Europea. El ministro José Manuel Albares, a su paso por el Consejo informal de Asuntos Exteriores celebrado el jueves en la capital comunitaria, puso sobre la mesa de sus homólogos diferentes "herramientas", entre ellas más sanciones, que no salen adelante.
"Ha pasado un tiempo ya más que prudencial solicitando las actas y tenemos que rendirnos a la evidencia de que no se van a presentar. No hay voluntad de presentarlas y, por lo tanto, no de verificarlas. Tenemos que analizar entre los 27, y permítanme que sean mis colegas los primeros que conozcan nuestra posición, cuáles son las herramientas. ¿Qué podemos hacer para que sea la voluntad democrática de los venezolanos la que sea respetada y la que triunfe finalmente?", apuntó a su llegada a la cita. El diplomático aseveró que el objetivo de España es lograr una solución pacífica que sea el resultado del diálogo entre venezolanos "y no impuesta desde el exterior". Albares abandonó la cita con antelación y canceló la rueda de prensa prevista para marcharse a París.
La idea de las sanciones, sin embargo, no ha cuajado. En estos momentos, la UE ha impuesto restricciones a medio centenar de personas próximas a Maduro a los que acusa de contribuir a la represión y a la vulneración de los derechos humanos. "Hemos llegado hasta casi la cúpula más alta, no están en la lista Maduro ni Jorge Rodríguez. Más sanciones personales implicaría ir a los máximos responsables políticos. Por eso, los Estados miembros han pensado que es mejor ver cómo se desarrollan los acontecimientos", ha detallado Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, en la rueda de prensa final.
Las sombras de fraude en Venezuela han sido acreditadas por organismos de enorme reputación como el Centro Carter o el panel de expertos de Naciones Unidas, que han trasladado serias críticas en torno al recuento electoral. Hasta la fecha, la UE ha mantenido una misma línea: no habrá reconocimiento de los resultados sin las actas. Y esta es la posición que sale del último Consejo: "No hay verificación y no la habrá. No podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo. Permanecerá como presidente de facto", ha aseverado el Alto Representante.
A la cita ha asistido por videoconferencia Edmundo González, líder de la oposición, que ha dado cuenta de la situación sobre el terreno, con una creciente represión y hostigamiento a los líderes de la oposición. En los pasillos de la capital comunitaria reconocen que existe una creciente "preocupación por el deterioro del clima político y por la falta de transparencia democrática". Lo cierto es que la situación actual de bloqueo y statu quo recuerda a la de antaño. Ya en 2019, los europeos no reconocieron una victoria de Maduro en los comicios de 2018.
Entre los planes de los europeos tampoco se encuentra, al menos de momento, el reconocimiento al líder de la oposición. Todavía está caliente el recuerdo del fracaso que resultó del reconocimiento a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela, una etiqueta que retiró en 2021. "Ha habido un consenso en que no se va a reconocer a la victoria de Maduro, pero no así para el reconocimiento de la oposición", explican fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores
Varios países latinoamericanos han planteado como una de las alternativas para salir de este callejón sin salida la repetición electoral con observación y garantías internacionales. Pero es una medida que carece de apoyo tanto desde el gobierno como en la propia oposición. "Como hipótesis intelectual lo podríamos barajar si lo acordaran el gobierno y la oposición. Pero he constatado, hablando con ellos, que tanto gobierno como oposición lo descartan", detalló Albares.
En paralelo, la primera cita de los ministros del ramo tras el parón estival llega con una nueva línea roja caída en la guerra de Ucrania, que por primera vez ha realizado incursiones en territorio ruso. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha asistido a la cita de forma presencial para redoblar la presión sobre más envíos de sistemas de defensa aérea y pedir a sus aliados que levanten todas las restricciones en el uso de armas europeas para atacar objetivos rusos en el marco de la incursión de Kursk.
El Alto Representante ha defendido esta como una medida legítima: "El armamento que estamos proporcionando a Ucrania tiene que tener pleno uso y las restricciones tienen que ser levantadas para que los ucranianos puedan apuntar a los lugares desde donde Rusia les está bombardeando; de lo contrario, el armamento es inútil".
